operaciones no reales - jurisprudenci

Se vulnera el derecho a la defensa cuando la SUNAT únicamente consigna el artículo 44° sin consignar el inciso al cual pertenece.

Según el expediente 01271-2015-0-1801-JR-CA-22 no se vulnera el derecho a la defensa. Ello porque para llegar al supuesto b) necesariamente se requiere acreditar la existencia de la operación, por lo que necesariamente la defensa de ambos  incluirá la defensa del supuesto a)

elusiòn

El artículo 62-C del Decreto Legislativo N.° 1422 regula la aplicación de la norma XVI del Código Tributario, respecto a la realidad económica.

Señala que esta norma antielusiva se aplica únicamente en un procedimiento de fiscalización definitivo y debe contar previamente con la opinión favorable de un comité revisor.

El Comité Revisor, antes de emitir opinión, debe citar al sujeto fiscalizado para que exponga sus razones respecto de la observación contenida en el informe elaborado

El Comité Revisor debe emitir su opinión sustentada, bajo responsabilidad, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto fiscalizado se presentó ante él o de la fecha fijada para dicha presentación, en caso de no concurrencia del sujeto fiscalizado.

La opinión del Comité Revisor es vinculante para el órgano de la SUNAT que realiza el procedimiento de fiscalización definitiva y debe ser notificada al sujeto fiscalizado.

El documento que contiene la opinión del Comité Revisor sobre la existencia o no de elementos suficientes para aplicar los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar no constituye un acto susceptible de ser impugnado

devengo

Una de las modificaciones más importantes de este último paquete tributario es el concepto de devengo, establecido en el Decreto Legislativo N° 1425 

El artículo señala:

“se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago.”

Si bien el concepto de devengado había generado hasta tres corrientes, un devengado contable, uno jurídico y uno jurisprudencial, considero que el desarrollo del mismo siempre debió estar sujeto a la NIC 1 y como la jurisprudencia lo iba desarrollando.

Las pretensiones de tercería preferente de pago se rigen por el Código Procesal Civil y no por el Código Tributario

Del análisis de los artículos 116 y 120 del Código Tributario (CT), norma que regula el procedimiento de ejecución coactiva para las obligaciones contraídas con el Gobierno Central, no se aprecia que el ejecutor coactivo tenga la potestad de tramitar las pretensiones de tercería preferente de pago, ya que conforme con el numeral 11 del indicado artículo 116 solo puede admitir y resolver la intervención excluyente de propiedad; es más, ninguna autoridad administrativa ostenta tal prerrogativa. Por lo tanto, al no haber previsto el CT la regulación de las pretensiones de tercería preferente de pago, corresponde aplicar la Norma IX del Título Preliminar del CT, que señala que en lo no previsto por dicho código podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Se aplicarán supletoriamente los principios del derecho tributario, o en su defecto, los principios del derecho administrativo y los principios generales del derecho 

En la vía de la queja no se pueden cuestionar hechos futuros o imprecisos

(TF, RTF 02743-Q-2016, 11/11/2016 )

El Tribunal Fiscal recuerda su criterio establecido en las RTF 06106-1-2002, 03788-5-2006 y 05950-2-2006, entre otras, que señala que en el procedimiento de queja no procede analizar actos que todavía no han ocurrido ni actos que ya fueron ejecutados y cuya corrección o reencauzamiento ya no pueda realizarse, así como circunstancias futuras o imprecisas, sino actos concretos y actuales de la administración que vulneren algún procedimiento o derecho regulado por el Código Tributario.

Las acciones inductivas no constituyen un procedimiento de fiscalización, sino de verificación

(TF, RTF 03206-Q-2015, 9/9/2015 )

El Tribunal Fiscal precisa que la esquela de requerimiento de documentación emitida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) constituye una acción inductiva o procedimiento de verificación, que no califica como procedimiento de fiscalización, conforme con el inciso e) del Artículo I del Título Preliminar del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat. 

Inicio del cómputo de prescripción

Mediante la RTF N° 09789-4-2017 publicada el 24.11.2017,  se establece que de acuerdo con el artículo 154º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la citada resolución constituye precedente de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuanto establece el siguiente criterio:

“El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación y de multa emitidas por conceptos originados antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1113, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012, se rigió por los numerales 1) a 4) del artículo 44° del Código Tributario, según correspondía, por lo que no resulta aplicable el numeral 7) del anotado artículo”.